Uno de los mayores logros sociedad española ha conseguido en su periodo óndemocrático ha sido la creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter público, financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Este mandato se cumple en el artículo 43 de la Constitución.
Por lo que ahora vuelve a introducir el Real-Decreto Ley 16/2012 de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad. Así como excluyendo la protección del derecho a la salud para los inmigrantes
sin papeles, y también restringiendo el derecho de los españoles
mayores de 26 años que no trabajen.
El Real- Decreto introduce una restricción y recorte de derechos,
referiendome a los inmigrantes pueden derivarse situaciones de riesgo para la
salud pública, dificulta su proceso de integración y rompe con la
tradición de solidaridad que normalmente tenía España.
No parece que la intentción de este Decreto sea adoptar medidas reales,
sino que más bien se encaminan a ir modificando la configuración de nuestro Sistema Sanitario Público.En todas las encuestas que hemos realizado en nuestro país, la ciudadanía valora muy positivamente su sistema sanitario,se ha sentido segura ante sus problemas de salud en la confianza de que iban a ser bien atendidos.
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Hoy en el seno del tejido social ha surgido inquietud, incertidumbre e
indignación ante el ataque que el Real- Decreto supone para nuestra
Sanidad Pública; ha comenzado ya a movilizarse en defensa de sus
derechos y si no hay rectificación desde el Gobierno se producirán con
toda seguridad situaciones de crispación y conflicto.
En los Hospitales y Centros de Salud se forman, crecen
profesionalmente y desarrollan lo mejor de sus conocimientos la gran
mayoría de profesionales de nuestro país, recibiendo un notable
reconocimiento por parte de los ciudadanos; profesionales que cada día
ven más reducidos los cauces de participación en la planificación y
determinación de sus actividades, que sufren también ataques a sus
derechos laborales, soportan escandalosas condiciones de precariedad y
tienen asimismo enormes dificultades para seguir una adecuada formación
continuada. Son actores importantes en el funcionamiento de la sanidad y
por ello los recortes que el Gobierno ha planteado, van a afectar a su
actividad profesional y les va a obligar a manifestar sus opiniones en
relación a la nueva situación.
Nuestro Sistema Sanitario Público, valorado muy bien tanto en nuestro
país como fuera de él, necesita mejoras y reformas que lo hagan más
eficiente; medidas que por cierto no puso en práctica el Partido Popular
allí donde ha gobernado muchos años ( tampoco cuando tuvo anteriormente
el Gobierno Central). Mejoras y reformas que deben analizarse con
rigor, someterlas a un amplio debate social y político y que en ningún
caso pueden suponer pérdida y restricción de derechos ya conseguidos ni
pérdida de los valores que lo fundamentan.
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